Un reporte de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), al que tuvo acceso Univision Noticias, revela que poco antes del cierre las cortes de inmigración tenían acumulados 786,303 casos. Sin contar otros 350,000 casos cerrados administrativamente que fueron reabiertos bajo la política de ‘tolerancia cero’ de Trump.

Alrededor del 75% de los jueces de inmigración (IJ) que trabajan en los tribunales “no están atendiendo casos de inmigrantes no detenidos” y los afectados sufrirán retrasos de hasta tres años en las cortes, confirmó a Univision Noticias la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).

Debido al cierre “es probable que un caso afectado tenga que esperar otros tres años más para volver a configurarse en el calendario”, dijo Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la NAIJ.

El cierre parcial del gobierno entró en vigor a primera hora del sábado 22 de diciembre, tras desacuerdos entre la Casa Blanca y el Congreso por la aprobación de lo que resta del presupuesto de gastos para el año fiscal 2019.

El presidente Donald Trump exige al legislativo $5,700 millones para construir el muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña. Pero los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, se oponen a autorizar los fondos argumentando que el mandatario fabricó una crisis en la frontera para erigir la valla con propósitos electorales con miras a la campaña presidencial de 2020.

Casi 800,000 casos pendientes

Marks dijo además que los tribunales solo están atendiendo casos de inmigrantes privados de libertad o permanecen bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Los jueces y el personal de apoyo que están trabajando son gerentes, al igual que los jueces y el personal de apoyo asignados a los registros de detenidos”, agregó.

Señaló además que, la paralización parcial del gobierno “impacta enormemente nuestro sistema judicial que de por si ya se encuentra sobrecargado”.

Un reporte de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) al que tuvo acceso Univision Noticias revela que poco antes del cierre las cortes de inmigración tenían acumulados 786,303 casos.

La cifra no incluye unos 350,000 expedientes que fueron cancelados administrativamente en los últimos 20 años y que fueron reactivados por orden del exfiscal general, Jeff Sessions, como parte de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump.

Las cortes de inmigración cuentan con unos 400 jueces en todo el país. Unos 100 han sido contratados bajo el gobierno de Trump.

Algunos hasta 2023

El cierre parcial afecta a unos 800,000 trabajadores federales quienes acumulan 18 días sin sueldo y no hay garantías que el gobierno vuelva a funcionar pronto en su totalidad.

“La ironía es que el cierre se centra en cuestiones de inmigración, pero las cortes también se detuvieron”, lamenta Marks. “Se trata de una situación francamente desmoralizadora”, añade.

Marks explica que “ muchos de los casos que se están cancelando ya han esperado años para su último día en el tribunal, y ahora probablemente tendrán que esperar más años para resolverlos”.

Añade que “cada jurisdicción es diferente” y en algunos estados o ciudades donde opera una corte la reprogramación de las audiencias llevará tiempo, en algunos tres años o más.

La semana pasada el diario The New York Times reportó que el sindicato de Jueces de Nueva York advirtió a los afectados que algunos juicios tendrán que esperar hasta finales de 2022 y principios de 2023, demoras que en algunos casos pueden resultar catastróficas.

¿Y quiénes son los más afectados por la cancelación de casos en las cortes de inmigración? Todos los que tenían una cita, pues “fueron suspendidas y serán reprogramadas”, según lo aseguran abogados consultados por Univision Noticias.

“Si tienen abogados, se les aconseja que se comuniquen con ellos para que les informen y les expliquen qué sucederá con sus expedientes”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que durante 15 años fungió como fiscal de inmigración.

“Si no tienen abogado, deberá mantenerse informado a través de la prensa, de los canales de comunicación del gobierno y de las organizaciones que prestan servicios a los inmigrantes”, agrego.

Entre ellos están los Servicios Legales Católicos (CLINIC), la organización Estadounidenses por la Justicia del Inmigrante, clínicas legales de universidades y grupos comunitarios de ayuda a la comunidad inmigrante.

“Y por nada acepte información proveniente de un notario”, previene Sánchez-Roig.

La abogada dijo además que “el cierre del gobierno va a retrasar aún más en los casos, demoras que pueden dilatar años un expediente. Por eso es clave consultar con un experto legal para ver cómo les afectará el cierre, qué opciones existen y qué derechos tienen”, concluyó.

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