Por Jorge Cancino

Las condiciones actuales en Venezuela, “incluidos los disturbios civiles en curso y la devastadora asistencia humanitaria”, son los principales argumentos señalados por un grupo de más de 200 organizaciones nacionales, estatales y locales para pedirle al gobierno de Donald Trump que otorgue un Estatus de Protección Temporal (TPS) a Venezuela.

En una carta enviada el miércoles a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, 219 entidades argumentan que la situación en el país justifican la activación del programa humanitario.

Entre los firmantes del pedido hay organizaciones y activistas defensores de los derechos de los inmigrantes, religiosos, entidades de derechos humanos y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

En la misiva el grupo advierte que el gobierno debe hacer todo lo posible por “evitar” el retorno de unos 72,000 nacionales venezolanos indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos, la mayoría de los cuales huyeron de ese país sudamericano a causa de la violencia y la represión.

Según reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los últimos cuatro años más de 70,000 venezolanos han llegado a Estados Unidos en busca de asilo. La mayoría de las peticiones están pendientes en las cortes de inmigración que a finales de febrero tenían más de 800,000 casos acumulados.

El TPS otorga un amparo provisional de deportación y concede una autorización temporal de empleo válida mientras el programa se encuentra vigente.

Apoyo bipartidista

El grupo señala además que existe “apoyo bipartidista” en el Congreso para aprobar una legislación que incluya el TPS. Pero que mientras no haya un voto y se promulgue una ley al respecto, el DHS puede autorizar también una protección temporal para los venezolanos.

La carta le recuerda a Nielsen que “el Congreso le otorgó al poder Ejecutivo autoridad para otorgar el TPS y conceder una suspensión de deportación para nacionales que no pueden ser devueltos a sus países de forma segura”.

“Específicamente, bajo la Sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la secretaria del DHS puede designar un país para TPS si encuentra que hay un conflicto armado en curso dentro del estado” que recibe el beneficio.

Según los firmantes, Venezuela satisface todos los criterios de TPS ya que, a partir de abril de 2017, presenta una crisis civil sin precedentes que conduce a un éxodo de refugiados. Agregan que el régimen de Nicolás Maduro se encuentra sancionado y es señalado como responsable de persecuciones y asesinatos. Además, en el país se cometen delitos generalizados, hay escasez de medicamentos y alimentos así como protestas violentas.

Programa seguro

Para tranquilizar a la población estadounidense, la carta indica que el TPS “tiene estrictos criterios de antecedentes penales, descalificando a los solicitantes por delitos graves y condenas por delitos menores”.

Señala además que los beneficiarios del programa “deben registrarse en el gobierno, proporcionar su información biométrica y someterse a una verificación de antecedentes criminales”.

El grupo apunta que la designación del TPS a Venezuela “satisface los valores morales profundamente arraigados de nuestro país que subyacen a la ley”, tal como no «dar la espalda a los necesitados y no devolver a las personas a los países donde viven cuando su libertad y seguridad están en riesgo”.

Plan en el Congreso

Durante tercera semana de diciembre una comisión bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley que busca que los venezolanos que huyen de la crisis en su país puedan ser protegidos de la deportación a través de un TPS.

«Venezuela está sobreviviendo a una crisis económicahumanitaria, de seguridad y refugiados, con una extrema escasez de comida y medicinas, una severa malnutrición en los niños, un crimen rampante y un gobierno que apoya la represión», plantearon los senadores demócratas Bob Menendez (Nueva Jersey), Dick Durbin (Illinois) y Patrick Leahy (Vermont) y el republicano Marco Rubio (Florida) en el texto.

Ellos aseguran que la crisis que vive el país sudamericano impone » condiciones extraordinarias y temporales que impiden que los ciudadanos de Venezuela puedan regresar y estar a salvo».

La iniciativa señala que para poder optar al beneficio, los venezolanos tienen que estar presentes en Estados Unidos en el momento en que se promulgue la ley.

Para ser aprobado, el proyecto de ley necesita 60 votos en el Senado, controlado por los republicanos, 218 en la Cámara de Representantes, bajo mando demócrata desde el pasado 3 de enero y la firma del presidente Donald Trump.

La carta fue enviada a Nielsen un día después de presentada en la Cámara de Representantes el proyecto Ley Sueños y Promesas’ H.R. 6 que, se ser aprobado, legalizaría la permanencia de unos 2.7 millones de dreameres y beneficiarios de TPS.

La iniciativa es patrocinada por las representantes demócratas Lucille Roybal-Allard (California), Nydia Velázquez (Nueva York) e Yvette Clarke (Nueva York).

Artículo publicado originalmente en Univision.com

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