Régimen de Maduro impidió investigar lavado de dinero en Andorra

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Diego Salazar y Rafael Ramírez figuran entre los nombres en la trama de la malversación de fondos.
miles454

CARACAS.– De la corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), que permitió que personas como el empresario Diego Salazar se enriquecieran súbitamente, se viene hablando desde hace años. Sin embargo, poco se ha hecho para ponerle coto y castigar a sus responsables. ¿Por qué? El equipo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz asegura que el régimen venezolano impidió que las investigaciones pudieran llevarse a cabo.

Pese a que el fiscal general designado por la Constituyente ilegítima, Tarek William Saab, asegura tener una culpable: su antecesora en el cargo, las pruebas parecen señalar que fue el régimen de Maduro quien bloqueó las investigaciones y no permitió el arresto de los sospechosos.

“La anterior gestión del Ministerio Público ordenó cerrar la investigación y echarle tierra al caso de Andorra”, señaló William Saab durante una rueda de prensa en la que, entre otras cosas, aseveró que informes de inteligencia en su poder revelan que el primo del ahora exembajador ante Naciones Unidas y zar petrolero durante más de una década Rafael Ramírez dirigió una “organización criminal”, que desde 2006 desvío fondos públicos por 4.200 millones de dólares.

¿Fue Ortega Díaz cómplice de la corrupción como asegura Saab? Sus colaboradores lo niegan y retrucan la acusación al Gobierno, del que dicen les impidió hacer su trabajo.

“En el caso de Andorra se hicieron solicitudes a ese país, España y Suiza (Ortega Díaz hizo el anuncio públicamente en mayo de 2015) para saber qué venezolanos tenían cuentas en bancos allí y si alguno estaba siendo investigado por legitimación de capitales u otros delitos, pero esas solicitudes nunca salieron de Venezuela”, relató uno de los colaboradores de la removida fiscal general, quien, como ella, está en Bogotá y pidió mantener su nombre en anonimato.

“Entregamos las rogatorias a la Cancillería, como manda la ley, pero como los meses pasaban y no obteníamos respuesta, preguntamos, durante un encuentro internacional, a los representantes de algunos de los países a los que les pedimos información, qué había ocurrido, por qué no nos habían respondido, y nos enteramos de que no habían recibido nada. En la Cancillería se quedaron con todo porque estaban protegiendo a quienes ahora persiguen”.

Proceso

El artículo 185 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) ordena al Ministerio Público, “en coordinación con el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, solicitar y ejecutar exhortos, o cartas rogatorias y solicitudes de asistencia mutua en materia penal”.

En el momento que la Fiscalía anunció que pediría información a los tres países europeos, Delcy Rodríguez, actual presidente de la cuestionada Constituyente, se desempeñaba como ministra de Relaciones Exteriores.

¿Por qué no denunciaron estos obstáculos antes? En el entorno de Ortega Díaz sostienen que ella hizo señalamientos en privado y algunos en público, tales como cuando en marzo de 2015 en el Parlamento, aún dominado por el oficialismo, se quejó de que las policías no ejecutaban las órdenes de captura dictadas por tribunales contra sospechosos de homicidio.

Entonces, la magistrada señaló en el hemiciclo: “2.418 (son) las órdenes de captura por homicidio pendientes de ejecutar” y agregó: “Quiero hacer un llamado a los órganos de seguridad sobre la necesidad de ejecutar estas órdenes de aprehensión no solamente en materia de homicidio sino todas para que no haya impunidad”.

Sin embargo, los confidentes aseguran que ya desde ese momento las relaciones con el Ejecutivo de Nicolás Maduro venían deteriorándose. “A la Fiscal la querían sacar del cargo desde el momento en que fue reelecta en diciembre de 2014, pues la candidata de (el Palacio) de Miraflores era (la exmagistrada) Miriam Morandy”, quien algunos vinculan con la esposa de Maduro.

En PDVSA la colaboración tampoco llegó. “La información que conseguimos para llevar adelante algunas investigaciones fue gracias a los allanamientos que se hicieron a empresas contratistas, donde conseguimos contratos y facturas, porque en PDVSA lo que hacían era bloquearnos cualquier información”, agregó otro informante, que también pidió mantener su nombre en anonimato.

Escollo judicial

Pero si el Gobierno puso obstáculos, el Poder Judicial no se quedó atrás. Así desde 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó tres sentencias que en la práctica impidieron al Parlamento y al Ministerio Público investigar la corrupción en la industria petrolera.

El primer fallo fue publicado el 18 de noviembre de 2016 y en él la Sala Constitucional anuló la averiguación que hizo la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre la gestión de Ramírez y la cual determinó que en ella se perdieron más de 11 millardos de dólares.

La instancia judicial justificó su decisión en “las lesiones graves” que las indagaciones ocasionarían a la imagen de PDVSA y del entonces embajador en la ONU “lo que podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la Nación”.

Con esta decisión, casos como el desfalco del fondo de pensiones de PDVSA, las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la accidentada refinería Amuay, las irregularidades en la compra de taladros a China, el escándalo los alimentos que terminaron pudriéndose en varios puertos y que fueron comprados por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), y por supuesto el supuesto desvío de fondos de la empresa hacia cuentas en la intervenida Banca Privada D’ Andorra, que nuevamente ha saltado a la palestra, terminaron engavetados.

Meses después otro fallo fue dictado, en el cual se abrieron las puertas para procesar al diputado Freddy Guevara, quien condujo la investigación desde la Comisión de Contraloría.

Por último, en mayo la Sala Constitucional arrebató a los fiscales la potestad de imputar a sospechosos de delitos en sus despachos y ordenó que ese trámite se realizara, a partir de ese momento, ante un juez de control.

“Los propietarios de la empresa Conkor y del actor Coco Sosa consignaron esta sentencia para impedir que fueran imputados en la primera oportunidad. Esta sentencia se dictó para protegerlos”, reveló el informante.

De esta manera, el entramado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial hizo casi imposible llegar hasta el fondo de las investigaciones.

 

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