Vía: https://www.elnuevoherald.com/

El ex congresista estadounidense David Rivera, quien construyó su carrera política atacando a los regímenes socialistas de La Habana y Caracas, firmó un contrato de $50 millones para asesorar a una filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), y luego hizo muy poco para ganarse el dinero, alega una demanda en su contra presentada el miércoles en Nueva York.

Rivera admitió su vinculación con la filial petrolera, pero dijo al Miami Herald que él no vio un solo centavo del contrato, y que todo el dinero fue utilizado en una maniobra de la oposición venezolana, que vincula al dirigente opositor Leopoldo López, para financiar las protestas del 2017.

La demanda, reportada inicialmente por el New York Times, alega Rivera fue contratado en el 2017 por una filial estadounidense de PDVSA para que le ayudara a mejorar su imagen en Estados Unidos en momentos en que el régimen de Nicolás Maduro comenzaba a ser sancionado por la administración de Donald Trump.

La demanda por incumplimiento de contrato, que busca una compensación de $15 millones, fue presentada en la corte federal de Nueva York por PDV USA Inc., actualmente bajo control del equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

La firma Rivera Interamerican Consulting Inc., recibió un cheque por ese monto como depósito de un contrato de tres meses por $50 millones.

Contactado por el Miami Herald, Rivera no quiso comentar sobre los detalles específicos de su contrato o si él había recibido un cheque para representar a una compañía controlada por el régimen socialista de Caracas

Pero en mensajes de texto brindó una confusa explicación sobre el episodio, dando a entender que se trataba de un esquema para financiar a los adversarios políticos de Maduro haciendo uso del dinero suministrados por el contrato con la petrolera estatal.

“Todos esos fondos fueron para las protestas contra Maduro en el verano del 2017. Yo nunca vi un solo centavo. Eso es todo lo que sé”, escribió el ex congresista, al añadir que la administración Trump, incluyendo el Departamento de Estado, “estaban al tanto de todo”.

La demanda alega que Rivera incumplió con el contrato al suministrar solo dos escuetos informes antes de que el acuerdo se diera por terminado.

Bajo el contrato firmado, Rivera tenía que producir al menos siete informes, uno cada dos semanas, brindando detalles de toda su labor y recomendaciones para mejorar la imagen y reputación de PDVSA en los Estados Unidos.

Rivera suministró solo dos informes, sumando no más de cinco páginas, mucho del cual estaba duplicado. Estos informes se referían genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones”, y “recomendaciones”, pero no describían un solo elemento del presunto plan, ni identificaba a las personas con quien se reunió, los temas discutidos, o las recomendaciones que realizó.

La firma de consultores de Rivera “no brindó ningún servicio significativo”, concluye la demanda, y exige el reembolso de los $15 millones que recibió entre marzo y abril del 2017, y pagos de compensación por daños

Rivera, legislador cubano-americano que sirvió un solo período en la Cámara de Representantes, vio su carrera política en problemas por violaciones de ética y una investigación sobre el manejo financiero de sus campañas.

El dirigente, que una vez intentó expulsar al cónsul venezolano en Miami, ganó fama en la arena política local por sus ataques a los regímenes de Caracas y La Habana.

En sus mensajes de texto, Rivera hizo mención de los seis ejecutivos de la también filial de PDVSA Citgo que fueron arrestados en Venezuela en el 2017, diciendo que fueron ellos los que manejaron la operación.

“Ellos administraron la totalidad de la operación [contra Maduro], incluyendo todo el dinero, en coordinación con la oposición de Venezuela, incluyendo Leopoldo López”, Rivera dijo en uno de los mensajes de texto.

“En lo que concierne a que los 6 de Citgo se encuentran encarcelados, yo les adverti que no regresaran a Venezuela. Les dije que parecía ser una trampa de Maduro, lo cual lo era”, agregó.

Los seis ejecutivos, que trabajaban en Estados Unidos, fueron citados por el régimen para participar en una reunión de trabajo en Caracas, siendo arrestados poco después de llegar a la ciudad.

La demanda, presentada por la firma de Washington Willkie, Farr & Gallagher, no hace mención de López ni de los seis ejecutivos de Citgo.

true
La demanda en contra de Interamerican Consulting, propiedad de David Rivera, fue interpuesta en una corte federal de Nueva York por opositores de Maduro que actualmente controlan la subsidiaria estadounidense de la paraestatal petrolera PDVSA. MIAMI Foto: el Nuevo Herald

Vía: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article242721736.html