El augurio para Venezuela no podía ser más dramático.
Este martes, Pedro Pablo Aguilar, director del Departamento de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Venezuela, dijo en Roma que si el diálogo entre el gobierno y la oposición no avanza, es posible que en el país sudamericano estalle una guerra civil.
Los ciudadanos de países azotados por conflictos internos conocen muy bien el alto costo del enfrentamiento fratricida entre compatriotas. La negociación y la disposición a encontrar un entendimiento –aunque cada parte deba ceder algo– siempre es preferible a la solución violenta.

Pero en Venezuela, como apuntó Aguilar, el régimen chavista lleva 18 años sembrando “un lenguaje de odio”. Hay mucha represión oficial, hay mucha retórica belicosa, y el gobierno considera enemigos a los que no están de acuerdo con sus dictados.
La crisis económica y humanitaria –que en el Palacio de Miraflores se empeñan en negar– ya alcanza proporciones dantescas. Cada día, denunció Aguilar, en Venezuela mueren uno o dos niños por desnutrición. Y cada fin de semana, la ola de crímenes que desgarra al país desde hace años cobra la vida de 200 personas por lo menos.

Entretanto, el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo se agrava con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, que este martes anunció que el proceso de juicio político contra el presidente Nicolás Maduro es inconstitucional y ordenó a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que no continúe el trámite para el juicio.

El presidente de la Asamblea, el diputado Henry Ramos Allup, respondió diciendo que el tribunal no puede darle instrucciones al poder legislativo. “Absolutamente nula nueva decisión”, comentó en su cuenta de Twitter.
Estos choques hacen menos sostenible la penosa situación del país. El pueblo venezolano necesita urgentemente una solución a la penuria económica y al angustioso clima político. Pero Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia, que actúa como si fuera su títere, se obstinan en no ceder una pulgada. El fin de semana, Maduro reiteró que no habrá referendo revocatorio y que las próximas elecciones presidenciales serán en el 2018.

El mandatario chavista le echa más leña al fuego de la intolerancia y desoye los reclamos de una oposición tan numerosa como asediada. Como presidente, Maduro ha fracasado, pero no quiere reconocer que su gobierno ha llevado el país al abismo de la crisis y que la situación es desesperada.
Maduro se empeña en seguir gobernando en la cúspide de su torre de marfil mientras abajo la nación se desgarra, como acaba de denunciar el funcionario de la Conferencia Episcopal. Ojalá que de alguna manera se imponga la cordura para buscar una solución pacífica a la crisis y no ocurra un estallido social en Venezuela de consecuencias impredecibles. Pero si ocurre, la culpa habrá que buscarla en las alturas del poder.

Cortesía el Nuevo Herald