Por Jesús Elorza

En los primeros días del mes de septiembre, los miembros de la comunidad universitaria del país, obreros, empleados y docentes activos y jubilados, no salían de su asombro al conocer el comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior sobre el Sistema Integral de Salud SISMEU, ya que en el mismo se informaba sobre los servicios de previsión social que regirán a partir de este mes.

El estado de asombro paso de inmediato a una “soberana arréchera al enterarse que “el monto base establecido para la cobertura de Hospitalización- Cirugía y Maternidad sería de Bs 3.000.000,00”

Ese vil ofrecimiento es una burla descarada hacia los miembros de la comunidad universitaria, fue la expresión generalizada de todos aquellos que se iban enterando de la despreciable oferta ministerial. Ese monto, no alcanza ni siquiera para comprarse una aspirina menos para atender una situación de emergencia que por razones de salud o accidente amerite su ingreso a un centro de salud. Imaginemos a una persona que busque ingresar a una clínica y en la oficina de administración le digan que no pueden aceptarlo por que su seguro solo cubre ¡¡¡ 0.72 céntimos de los 10.000.000 dólares que se requieren como deposito!!! Al ver que no puede ingresar, se va al hospital más cercano, y allí, le dicen que para aceptarlo debe traer la lista de materiales y medicamentos necesarios para su hospitalización y tratamiento, la cual tiene un costo mínimo de300 dólares.

Más que un seguro HCM, la indignante oferta ministerial parece un programa de Hambre, Calamidades y Muerte orquestado por el régimen en su política permanente agresión hacia las universidades.

Esa indigna oferta de previsión social, representa una flagrante violación de la Constitución que en su articulado establece la obligación expresa del Estado en garantizar la salud de los ciudadanos. El ministro de educación superior, de producirse una muerte por falta de atención hospitalaria, por carencia de recursos económicos de un obrero, empleado o docente activo o jubilado pasa a ser un sujeto de responsabilidad penal por no garantizar los derechos constitucionales a la salud. La comunidad universitaria se encuentra desprovista de un sistema de seguridad social. La creación del SISMEU en el 2017 solo ha servido para el manejo centralizado de los recursos destinados para la salud de los obreros, empleados y docentes y eso solo se ha traducido en viles propuestas que como la actual, que solo supone riesgos de muerte, por el despreciable monto económico, para todo aquel que requiera de asistencia. El desamparo es aterrador.

En este dantesco escenario, es importante resaltar que el artículo 83 de la Constitución establece que la salud es un derecho humano fundamental, y la responsabilidad de garantizarlo es del gobierno. Es deber del gobierno garantizar una salud de calidad y gratuita al pueblo de Venezuela. La crisis hospitalaria del país por la falta de insumos, la falta de medicamentos para tratar las enfermedades crónicas, las emergencias, las situaciones generadas por la pandemia, lo estamos viviendo en las universidades con nuestros servicios de salud que están quebrados porque el gobierno no cumple con su responsabilidad. Toca a los consejos rectorales y a los gremios enfrentar con todos los medios disponibles a esta política de hambre y muerte del régimen con la movilización de los sectores obreros, estudiantiles, empleados y docentes elevando las denuncias pertinentes a todos los organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos hasta lograr alcanzar el derecho y el respeto ala salud y la vida.